El nuevo proyecto del gobierno de Javier Milei para reformar el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad reabre una pelea legislativa que el oficialismo ya perdió hace pocos meses atrás. El conflicto promete repetirse ahora con un cambio más profundo que podría reducir significativamente el universo de beneficiarios.
La iniciativa ingresó por el Senado -donde La Libertad Avanza se siente más fuerte que en Diputados- y se plantea como una ley “contra el fraude de pensiones por invalidez”. El objetivo central es modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue aprobada por el Congreso el año pasado y ratificada por las dos Cámaras tras el veto de Milei.
El Gobierno bloqueó la implementación de esa norma por una presunta insuficiencia de recursos económicos para cumplirla a pesar de que la Justicia le ordenó hacerlo y, en cambio, apunta a modificarla y retrotraer todo a la situación previa.
Así, uno de los cambios más importantes que contiene el proyecto es la redefinición de la pensión por discapacidad, con el restablecimiento del criterio de “invalidez laboral” que limita la prestación a quienes estén imposibilitados de trabajar y deja de lado el enfoque más amplio de la legislación vigente.
