El Gobierno redefine la libertad de expresión y apunta contra los “privilegios” de la prensa
En un fuerte descargo contra el sector periodístico, el Ejecutivo nacional aseguró que Argentina atraviesa el período de mayor libertad de expresión de su historia, aunque advirtió que esta debe ejercerse con responsabilidad. Según la postura oficial, el reclamo de “censura” ante las críticas gubernamentales es, en realidad, un intento de los comunicadores por mantener una “torre de marfil” donde sus palabras no tengan consecuencias. En este sentido, se subrayó que la gestión actual no teme confrontar verdades incómodas ni cuestionar a quienes consideran beneficiarios de un sistema de privilegios que ha llegado a su fin.
Posteo del Presidente Milei en X
El núcleo del conflicto reside en el funcionamiento del mercado de medios, el cual, según el Gobierno, se encuentra distorsionado por la persistencia de la pauta oficial en ámbitos subnacionales. Tras haber eliminado este financiamiento a nivel federal, la administración sostiene que muchos medios subsisten de forma “artificial” al servicio de intereses políticos, impidiendo que la sociedad actúe como mecanismo de corrección natural. Comparan esta situación con la de las empresas prebendarias que “cazan en el zoológico”, señalando que, en un sistema verdaderamente libre, aquellos que publican falsedades deberían enfrentar la quiebra por falta de credibilidad.
Para el oficialismo, la demanda de ciertos sectores de la prensa no es por libertad, sino por la continuidad de beneficios económicos a costa de los contribuyentes. El texto recalca que no se otorgarán ni privilegios ni pauta oficial, y que cada “mentira u operación” será contestada desde el poder político. La premisa es clara: los periodistas deben abandonar su estatus de protección y asumir la responsabilidad de sus dichos como cualquier “ciudadano de a pie”, integrándose a una dinámica de igualdad ante la ley donde no existan categorías diferenciadas.
Finalmente, el mensaje concluye con un paralelismo entre la apertura económica y la profesionalización del rubro. De la misma manera que el sector empresarial es instado a competir en una economía cada vez más abierta, se exige a los periodistas que aprendan a hacerse cargo de sus palabras sin el auxilio estatal. El cierre de esta etapa de “ciudadanos de primera y de segunda” marca, para el Gobierno, el inicio de una era donde el compromiso con la verdad y la competencia real serán los únicos sostenes de la labor informativa en el país.