El Ministerio de Capital Humano anunció un sistema de IA para simular y anticipar comportamientos sociales. Expertos advierten sobre vacíos legales, riesgos de soberanía y fallas técnicas.
El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello, anunció la puesta en marcha de un sistema de “gemelos digitales-sociales”. Esta herramienta de inteligencia artificial busca integrar los datos de millones de ciudadanos en una base unificada para mutar hacia un “Estado predictivo”. Según la cartera oficial, el objetivo es simular escenarios y anticipar problemáticas sociales antes de que ocurran, optimizando así el diseño de las políticas públicas. Sin embargo, el lanzamiento —presentado con videos de estética futurista y música épica— encendió alarmas inmediatas entre expertos que califican la iniciativa como una movida puramente “marketinera” y peligrosa.
La controversia escaló rápidamente en los ámbitos técnico y legal debido a la falta de información sobre los contratos, auditorías y límites del proyecto. Camila Velasco, ingeniera industrial especializada en integración de IA, bajó las expectativas al señalar que la simulación de sistemas (como el tránsito o el flujo hospitalario) no es una novedad global, pero criticó la ligereza del anuncio oficial. “La IA requiere gobernanza, y acá no parece ir por ese camino”, sentenció la experta, advirtiendo además sobre los riesgos operativos de automatizar decisiones públicas mediante algoritmos que, inevitablemente, sufrirán de “alucinaciones” o errores de procesamiento de datos.
El aspecto más crítico radica en el consentimiento y la titularidad de la información que alimentará al modelo. El abogado y docente de la UBA, Pablo Serdán, enfatizó que estos registros pertenecen exclusivamente a los ciudadanos —desde historias clínicas y deudas patrimoniales hasta datos de ANSES— y que “nadie consintió ser materia prima de ningún modelo”. El letrado recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó un límite directo en el reciente fallo Torres Abad c/ ANSES, donde determinó que el Estado no puede utilizar datos personales para fines distintos a los que motivaron su recolección original sin el conocimiento expreso del titular.
A la par de los cuestionamientos sobre la privacidad individual, los especialistas advierten sobre una preocupante cesión de soberanía tecnológica. El proyecto oficial convoca a corporaciones internacionales para construir lo que denominan un “modelo global”. En este escenario, empresas del perfil de Palantir —conocida por sus contratos con agencias de inteligencia y fuerzas armadas extranjeras— entran en el radar. Al estar sujetas a legislaciones como el CLOUD Act de Estados Unidos, estas firmas están obligadas a entregar la información que administran a las autoridades de su país de origen, sin importar en qué parte del planeta se encuentren almacenados los servidores.
Esta triangulación regulatoria implica que la radiografía detallada de la población argentina podría quedar al alcance de una jurisdicción extranjera. Lo que el Estado sabe sobre cada ciudadano corre el riesgo de terminar en manos de un gobierno externo, sin la mediación de una orden judicial local, sin aviso previo y sin posibilidad de recurrir la medida. Además, los analistas señalan el peligro del “atrapamiento tecnológico”: una vez que la gestión pública clave pasa a depender de infraestructura y modelos extranjeros, salir de ese ecosistema genera un costo político y operativo tan alto que los gobiernos terminan pagando dos veces, primero con impuestos y luego quedando atados de manos.
Frente al avance de este sistema, que fácticamente podría operar como una herramienta de ajuste y control social bajo el amparo de conceptos ambiguos como “desarrollo humano”, la comunidad técnica y jurídica exige respuestas urgentes. Los especialistas coinciden en que un volumen de información tan sensible no puede gestionarse bajo los parámetros de un video de propaganda de 91 segundos. La definición de quiénes serán los proveedores, bajo qué estrictas condiciones de anonimización accederán a los datos, y quién auditará los sesgos de los algoritmos son debates de fondo que deben saldarse de forma transparente mediante una ley en el Congreso de la Nación.
