La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable en Argentina, ampliamente reconocida por la implementación de los octógonos negros de advertencia en los envases, se encuentra hoy bajo una seria amenaza debido a un proyecto gubernamental que busca derogar o debilitar sus principales lineamientos.
En El Transformador dialogamos sobre este tema con la Licenciada en Nutrición y Magister en epidemiología, gestión y políticas en salud, Giselle Gonzalez.
Lic. Giselle González MP 2919
Esta iniciativa oficial no solo apunta a eliminar los sellos frontales de los alimentos procesados, sino que pone en jaque un marco regulatorio mucho más amplio. Según advierte la Licenciada Giselle González, especialista en epidemiología y ex-miembro del grupo de Etiquetado Frontal de FAGRÁN, la normativa vigente excede la mera advertencia visual: su supresión implicaría desregular la publicidad de productos nocivos dirigida a las infancias y reabrir las puertas de los entornos escolares a alimentos con excesos de azúcares, grasas y sodio.
La preocupación de la comunidad científica y de los profesionales de la salud radica en el enorme retroceso que significaría esta medida para una ley sancionada en 2021 tras años de un sólido consenso técnico, libre de conflictos de interés. De hecho, este embate no es el primero; ya en 2024, diversas resoluciones de la ANMAT recortaron el alcance de la ley, reduciendo la cantidad de productos con sellos y flexibilizando la publicidad infantil, permitiendo incluso el regreso de personajes animados a los paquetes. A esto se suma la propuesta oficial de unificar los criterios en el Mercosur, un argumento que los expertos miran con desconfianza, ya que implicaría nivelar hacia abajo y adoptar los estándares mucho más laxos de países vecinos como Brasil o Uruguay.
Frente al remanido argumento de la industria que sostiene que “si todo tiene octógono, el sello pierde valor”, la realidad estadística demuestra lo contrario: la proliferación de sellos es el reflejo directo de la pésima calidad nutricional de la oferta alimentaria actual. Un estudio del Ministerio de Salud realizado en 2023 reveló que el 43% de la población utiliza los octógonos como guía de compra, un salto drástico respecto al escaso 10% que antes intentaba descifrar la tradicional —y confusa— tabla nutricional. Este empoderamiento ciudadano generó cambios concretos en el consumo, registrando caídas notables en la compra de galletitas (58%) y bebidas (53%), y desmitificando productos largamente considerados “saludables”, como las barritas de cereal o los alfajores de arroz.
La rigurosidad del modelo argentino es, justamente, lo que lo convirtió en un faro regional, superando las falencias de experiencias previas. A diferencia de Chile —pionero pero con estándares más bajos— o de Brasil, donde apenas el 1% de los yogures lleva advertencias frente al exigente 58% a 69% que son alcanzados en nuestro país, Argentina adoptó el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Además, se incorporó de forma pionera la leyenda “contiene edulcorantes”, impidiendo que las corporaciones reemplazaran el azúcar por aditivos químicos sin avisar al consumidor, una trampa corporativa muy común que busca abaratar costos de producción a expensas de la salud pública.
En última instancia, la derogación de esta norma beneficia exclusivamente a las grandes industrias alimenticias, incómodas ante una ciudadanía informada que empezó a darles la espalda a sus productos ultraprocesados. Sin los octógonos, las corporaciones tendrán vía libre para deteriorar aún más la calidad de los ingredientes, encareciendo el acceso a la comida real y desprotegiendo los entornos escolares, donde la falta de agua potable ya fomenta el consumo de bebidas azucaradas. Destruir esta política pública, nacida del trabajo colaborativo de sociedades civiles y profesionales, no es una buena noticia: significa desmantelar una herramienta crucial de salud para volver a la opacidad de un mercado que prioriza la rentabilidad antes que la vida de los argentinos.
