Audio: diputado Esteban Paulón
El escenario económico y legislativo argentino se enfrenta a una nueva e intensa controversia tras conocerse los detalles de la propuesta gubernamental para un nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, ya bautizado en los pasillos del Congreso como el “Super RIGI”.
Esta iniciativa profundiza radicalmente los beneficios y exenciones de su versión original, orientando sus ventajas de manera explícita hacia el sector de los centros de datos de alta tecnología, en sintonía con las recientes reuniones entre el Ejecutivo y el magnate de Silicon Valley, Peter Thiel. Desde la oposición, el diputado Esteban Paulón ha lanzado duras críticas contra lo que define como una “ley con nombre y apellido”, advirtiendo que el proyecto ignora por completo el impacto ambiental y carece de exigencias básicas para el desarrollo nacional.
La letra chica del proyecto revela un esquema de asimetrías fiscales y de infraestructura que impacta directamente sobre el entramado productivo y social del país. Mientras el Fondo Monetario Internacional aconseja ampliar la base contributiva sobre las personas físicas, el “Super RIGI” reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias a un inédito 15% para estas corporaciones, frente al 25% del régimen previo y al piso de hasta el 35% que afronta el resto de las empresas y ciudadanos. Sin embargo, el punto más polémico radica en la “prioridad energética total e ininterrumpible” que se le concede a estos complejos tecnológicos; un beneficio que les garantiza el suministro pleno de electricidad y gas incluso en contextos de crisis o emergencia energética, delegando el riesgo de eventuales cortes y desabastecimiento sobre los hogares y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
A diferencia de los modelos tradicionales de promoción industrial, esta nueva normativa borra de un plumazo cualquier noción de compre nacional o fomento al empleo local. El texto elimina la obligación mínima del 20% de proveedores nacionales que establecía el RIGI original, permitiendo la importación y exportación libre de insumos sin controles estatales y habilitando la remisión ilimitada de utilidades y la salida de capitales sin restricciones. Este diseño enciende alarmas en la balanza comercial y siembra serias dudas sobre la verdadera generación de valor agregado. Los críticos de la medida advierten que, lejos de convertirse en un polo de desarrollo, Argentina corre el riesgo de transformarse en un mero “depósito de centros de datos”, replicando las falencias de experiencias como Vaca Muerta, donde la intensa actividad económica no se tradujo en infraestructura comunitaria ni en trabajo pleno para la región.
El impacto sobre el orden institucional y el federalismo es otro de los ejes centrales del rechazo legislativo. El “Super RIGI” pretende imponer un virtual “cepo” al Congreso de la Nación al prohibirle legislar o modificar las condiciones del régimen durante los próximos 30 años, limitando la soberanía de futuros gobiernos y obligando a que cualquier disputa legal posterior se dirima en tribunales de los Estados Unidos. Asimismo, la ley avanza sobre la autonomía de las provincias y los municipios al fijar techos arbitrarios a las tasas e impuestos locales —como un límite máximo del 0,5% en Ingresos Brutos y la eliminación del Impuesto al Sello—, una injerencia centralista que la oposición tilda de abiertamente inconstitucional y lesiva para las arcas provinciales.
Finalmente, el debate pone bajo la lupa la visión macroeconómica de la gestión de Javier Milei, cuyo objetivo de reducir el gasto público a niveles históricos del 15% al 16% del PBI deja al Estado sin recursos para financiar áreas sensibles como las universidades, las rutas nacionales o la asistencia a personas con discapacidad. En este contexto, se cuestiona el alineamiento cortoplacista de los gobernadores aliados, quienes parecen abrazar una “idea casi mágica” de que el libre mercado resolverá las urgencias estructurales de sus distritos.
A pesar de los duros cuestionamientos técnicos, la bajísima captación de inversiones reales que registra el país según la OCDE y las evidentes asimetrías del proyecto, las proyecciones legislativas indican que el “Super RIGI” cuenta con altas chances de avanzar en el Parlamento, impulsado por fuertes presiones políticas y marcados intereses externos.
Puntos centrales del “Super RIGI” que se consideran perjudiciales para la soberanía, la economía y el entramado social de Argentina:
Pérdida de Soberanía Jurídica y Legislativa (Cepo por 30 años): Le prohíbe al Congreso Nacional modificar o legislar sobre el régimen por tres décadas. Además, ante cualquier conflicto o disputa legal futura, Argentina renuncia a su propia jurisdicción y acepta someterse a tribunales de Estados Unidos.
Privilegio Energético sobre los Ciudadanos: Otorga a estos megacentros de datos prioridad total e ininterrumpible en el suministro de electricidad y gas. Esto significa que, ante una crisis energética, el Estado está obligado a garantizarles el servicio, trasladando el riesgo de cortes y desabastecimiento a los hogares y a las PyMEs.
Nulo Impacto en la Industria Local (Sin “Compre Nacional”): A diferencia del RIGI original, se elimina la obligación de contratar un mínimo del 20% de proveedores o personal local. Las empresas beneficiadas pueden importar todo su equipamiento e insumos con arancel cero y sin controles, lo que destruye la posibilidad de generar cadenas de valor en el país.
Fuga de Divisas sin Restricciones: Habilita la remisión ilimitada de utilidades y la libre salida de capitales. Al no existir la obligación de liquidar los dólares en el mercado interno, el régimen no ayuda a fortalecer las reservas del Banco Central y vulnera la balanza comercial.
Injusticia Fiscal y Desfinanciamiento: Reduce el Impuesto a las Ganancias para estas corporaciones a un inédito 15% (mientras que el resto de las empresas y ciudadanos pagan hasta el 35%). Esto contradice los pedidos internacionales de ampliar la base de recaudación y profundiza el desfinanciamiento de áreas clave como universidades, rutas y salud.
Ataque al Federalismo y a las Arcas Provinciales: La ley nacional le dicta a las provincias y municipios qué impuestos pueden o no cobrar (por ejemplo, impone un tope del 0,5% en Ingresos Brutos y prohíbe el Impuesto al Sello). Esto es considerado inconstitucional por vulnerar las autonomías provinciales.
Baja Creación de Empleo Real: Se advierte que Argentina corre el riesgo de convertirse en un mero “depósito de datos” (infraestructura que consume muchísima energía y agua para enfriamiento), pero que genera muy pocos puestos de trabajo genuinos y calificados una vez terminada la etapa de construcción.
Desinterés Ambiental: El nuevo esquema profundiza los beneficios extractivos y tecnológicos ignorando por completo las normativas de impacto ambiental y la sustentabilidad de los recursos locales.
