El Transformador dialogó con la científica, diputada y ex Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis, quien advirtió por el peligroso desguace del INTI.
La desfinanciación y el recorte de personal en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) han encendido las alarmas en el sector científico y productivo. Según la especialista Adriana Serquis, la actual política oficial representa un “cientificidio e industricidio” que busca transformar al país en un mero exportador de materias primas sin valor agregado. Con una pérdida del 25% de su planta técnica desde 2023 y la amenaza de nuevas desvinculaciones que llevarían el organismo al borde del colapso, el cierre de sedes regionales profundiza la pérdida de federalismo en la asistencia técnica a las PyMEs.
El impacto de este desguace llega directamente al ciudadano común a través de la pérdida de controles de calidad. El INTI es el encargado de la metrología y la certificación de normas que garantizan desde la precisión en el etiquetado nutricional de los alimentos hasta la seguridad en procesos industriales críticos. La experta advirtió que la reducción de estas capacidades estatales pone en riesgo la salud pública, recordando incidentes previos como las fallas en cadenas de producción de sustancias críticas, y señaló que “estas desatenciones a veces se pagan con la vida”.
Ante el retiro del Estado, la certificación de procesos quedaría en manos del sector privado, lo que plantea un escenario de falta de transparencia y criterios heterogéneos. La especialista subrayó que las empresas privadas podrían limitarse a “cobrar por un sello” sin invertir en investigación y desarrollo, perdiendo la independencia técnica que hoy garantiza el organismo público. Además, muchas pequeñas y medianas empresas no podrán costear certificaciones privadas, lo que derivará inevitablemente en una caída generalizada de los estándares de lo que consumen los argentinos.
La crisis se agrava con la renuncia masiva de funcionarios en áreas técnicas clave y la fuga de profesionales altamente capacitados hacia la actividad privada. En un contexto de paro nacional y movilizaciones, los trabajadores denuncian que la falta de presupuesto impide cumplir con las normativas internacionales de exportación, aislando al país de un mercado global que exige cada vez más certificaciones. El vaciamiento técnico no solo compromete la soberanía tecnológica, sino que deja al sistema productivo nacional sin el respaldo científico necesario para competir y garantizar la seguridad de sus productos
