La mayoría de las amenazas en los colegios aparece en los baños de mujeres

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El fiscal Guillermo Komarovsky dio precisiones en “La mañana de LU33” acerca de las acciones articuladas que se están llevando a cabo, en colegios pampeanos, donde se registran amenazas anónimas de tiroteos.
La localidad pampeana de Rancul se encuentra en alerta tras conocerse una grave denuncia realizada por directivos de una institución educativa local. Según informó el fiscal Guillermo Komarovsky, un alumno de 14 años habría manifestado durante una charla escolar sus intenciones de iniciar un tiroteo para asesinar a personas específicas vinculadas al colegio, brindando nombres y apellidos. A pesar de que inicialmente se intentó calificar el hecho como una “broma”, el adolescente ratificó sus dichos violentos, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad y una investigación judicial.
A raíz de esta situación, la Justicia ordenó allanamientos en los domicilios de ambos padres del menor. En la vivienda de la madre, se secuestraron dos rifles de aire comprimido, un teléfono celular y una notebook de uso personal del joven. Sin embargo, el hallazgo más preocupante se produjo en la casa del padre, donde la policía incautó armas de fuego cortas y largas, visores nocturnos, visores térmicos y una gran cantidad de municiones. Debido a que el propietario no contaba con la documentación legal de varias de estas armas, se inició una causa paralela por tenencia ilegal de arma de fuego.
El fiscal Komarovsky señaló que el adolescente cuenta con antecedentes por inconductas y otros legajos penales por delitos menores. No obstante, dada su edad, el joven es considerado legalmente inimputable según la Ley Penal Juvenil de La Pampa. Esto impide que la fiscalía tome medidas de restricción directas o lo vincule formalmente a un proceso penal, dejando el abordaje del caso en manos de los organismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Actualmente, la Subsecretaría de Niñez y las autoridades educativas trabajan de forma coordinada para evaluar la situación del menor y garantizar la seguridad de la comunidad escolar. Mientras la investigación sobre el origen de las armas y el entorno familiar avanza, el caso ha generado un profundo debate sobre los protocolos de salud mental y el control de armas en hogares con menores de edad, dada la precisión y la gravedad de las amenazas vertidas por el estudiante.

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