El concejal santarroseño Diego Camargo se mostró preocupado por el alarmante retraso en la revisión de los balances financieros del municipio local.
El Concejo Deliberante de Santa Rosa enfrenta una situación institucional crítica debido al extraordinario retraso en la revisión de los balances financieros municipales. Según denunció el concejal Diego Camargo, el cuerpo legislativo se encuentra actualmente analizando las cuentas correspondientes a diciembre de 2021, lo que implica un desfase de casi cinco años. Esta demora, calificada como “inédita” por la oposición, anula la eficacia de cualquier control real, ya que la inflación acumulada en dicho período ha pulverizado el valor de las cifras bajo análisis, convirtiendo la fiscalización en un ejercicio puramente administrativo y desactualizado.
Desde la oposición, sostienen que este “desmanejo” administrativo se originó durante la primera gestión del intendente Luciano Di Nápoli, rompiendo con una tradición de rendiciones a término mantenida por administraciones anteriores. Si bien no se han denunciado faltantes de dinero específicos, las auditorías han revelado numerosas irregularidades operativas y pagos realizados desde cuentas incorrectas. Ante este escenario, el bloque opositor adelantó que rechazará los balances de 2021, argumentando que no pueden convalidar con su firma errores de gestión que comprometen su responsabilidad política y patrimonial.
A pesar de que el Ejecutivo Municipal intentó justificar las demoras mediante la implementación fallida de un nuevo sistema contable, los intentos de judicializar la situación no han prosperado, ya que la justicia archivó las denuncias al no detectar “dolo” o intención de ocultamiento. Actualmente, una comisión especial busca modernizar el sistema de rendiciones para evitar que esta parálisis se vuelva permanente. Sin embargo, persiste el temor de que, al ritmo actual, la revisión de los fondos utilizados por la gestión vigente quede delegada a futuras administraciones, dejando a los ciudadanos sin transparencia inmediata sobre el uso de sus impuestos.
El conflicto administrativo se suma a otras críticas por la falta de implementación de normativas locales clave. Entre ellas, se destaca la inacción del Ejecutivo para reglamentar la ordenanza de retiro de caballos sueltos, aprobada hace un año y medio tras incidentes fatales. Asimismo, la reciente decisión municipal de trasladar la responsabilidad civil a un chofer de EMSU por daños en calles inundadas ha generado controversia. Para el concejal Camargo, esta postura sienta un “peligroso precedente” que busca evadir la responsabilidad institucional del municipio como empleador, agravando la percepción de una gestión con serias dificultades operativas y legales.
