¿Por qué tantos jóvenes argentinos quieren ser abogados? No es una pregunta frecuente en muchos países, pero en Argentina tiene todo el sentido.
Según datos del Ministerio de Educación, casi 14% de los titulados universitarios hizo la carrera de Derecho. De hecho, esos datos muestran que hay aproximadamente tres licenciados en Derecho por cada licenciado en Medicina. La OCDE ofrece una imagen similar: uno de cada cinco graduados en Argentina estudió Derecho o carreras de negocios. Dato más, dato menos, la idea es la misma: una parte muy significativa de los jóvenes argentinos ve en el mundo jurídico una forma razonable de futuro.
No es casualidad que en Argentina haya tres abogados por cada médico. Para miles de jóvenes, el Derecho no es solo una carrera, es un manual de supervivencia. En un país donde la regla nunca es clara y el Estado parece diseñado para trabarse a sí mismo, aprender a interpretar la norma es adquirir un superpoder. No se estudia abogacía para transformar el sistema, sino para aprender a navegar un laberinto de trámites, excepciones y grises que, para el ciudadano de a pie, es una pesadilla, pero para el que sabe, es una oportunidad de negocio.
Lo curioso es que esta “hipertrofia judicial” argentina no es como la de otros países; acá se alimenta de nuestra propia ineficiencia. El sistema parece extraer valor de la demora y la asimetría: donde falta un permiso o sobra una regulación, aparece un intermediario. Históricamente, convertimos la complejidad en gestoría y contactos en lugar de innovación o tecnología. Como decía Carlos Nino, el problema no es que falten leyes, sino que sobran tantas y son tan inestables que terminan perdiendo autoridad, convirtiendo la legalidad en un chicle que se estira según quién lo maneje.
Por eso, el discurso desregulador de Javier Milei pegó tan fuerte. Para muchos, no es solo un plan económico, es una promesa de alivio frente a una vida cotidiana lastrada por ventanillas que no responden y expedientes que solo sirven para justificar otros expedientes. Al plantear la batalla como “libertad contra burocracia”, el Gobierno conecta con un hartazgo real. Sin embargo, la discusión de fondo es más espinosa: ¿quién se beneficia realmente cuando se borra una norma? Porque un mal orden regulatorio suele ser una mochila para el débil y un escudo para el que tiene recursos para saltárselo.
El desafío que viene es aceptar que el Derecho no es solo una traba, sino también el lugar donde se guardan las garantías y protecciones sociales. Mientras Argentina vira hacia un modelo económico basado en la exportación de recursos naturales y energía, la pregunta incómoda queda flotando: ¿qué tipo de justicia necesitamos ahora? No se trata solo de desarmar el laberinto, sino de evitar que, en nombre de la libertad, pasemos de una sociedad asfixiada por papeles a una donde la única ley que valga sea la del más fuerte.
