Maribel Gebruers, presidenta del Colegio de Martilleros de La Pampa, trazó una radiografía crítica del sector tras el fin de la normativa civil: entre una oferta que no encuentra demanda, la caída en los precios de compraventa y el fuerte rechazo a la reforma profesional que impulsa el Ejecutivo nacional.
Maribel Gebruers, presidenta del Colegio de Martilleros.
A meses de la derogación de la Ley de Alquileres de 2020, norma ampliamente cuestionada por haber perjudicado de manera simultánea a propietarios e inquilinos debido a sus inflexibles indexaciones anuales, el mercado inmobiliario de la provincia de La Pampa atraviesa una profunda reconfiguración estructural.
Maribel Gebruers, presidenta del Colegio de Martilleros de la Provincia de La Pampa, explicó en el programa Aire de todos en la mañana de LU33 Emisora Pampeana que la nueva dinámica contractual basada en acuerdos directos entre partes —con actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales que suavizan el impacto en los bolsillos de los locatarios— ha dinamizado levemente la oferta de inmuebles disponibles. Sin embargo, esta reactivación expone un severo desequilibrio macroeconómico, puesto que la persistente erosión de los ingresos de la población ha provocado que la demanda sea críticamente insuficiente para absorber el stock disponible, dejando aproximadamente un 10% de las propiedades locales desocupadas y prolongando de forma inédita los tiempos de colocación.
Este escenario de retracción del consumo ha derivado en un sensible incremento de la morosidad, afectando incluso a aquellos inquilinos históricamente catalogados como excelentes cumplidores cuyos salarios han quedado rezagados frente a la inflación real de los costos de vida. Ante la imposibilidad material de afrontar los cánones fijados por el libre mercado, los damnificados se ven obligados a desplegar diversas estrategias de supervivencia habitacional, que van desde la negociación desesperada de pagos parciales en las inmobiliarias, hasta la rescisión anticipada de contratos para retornar al hogar familiar o la mudanza hacia periferias menos céntricas y espacios más reducidos. Del otro lado del mostrador, los propietarios tampoco perciben un panorama idóneo; si bien la mayoría de los contratos habitacionales se siguen pactando estrictamente en pesos para evitar la paralización total de la plaza, los valores percibidos no logran acompañar la inflación real de los costos de mantenimiento y reposición de materiales, estirando a plazos desmedidos el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial frente al elevadísimo valor del metro cuadrado de construcción.
Por su parte, el segmento de la compraventa de propiedades experimenta una evidente desaceleración tras haber transitado un período de notable dinamismo durante el año anterior, el cual estuvo fuertemente impulsado por el blanqueo de capitales y el regreso del crédito hipotecario para unidades de gama media de entre 50.000 y 100.000 dólares. En la actualidad, el enfriamiento de las operaciones comerciales ha forzado a los vendedores a aplicar reducciones de entre un 10% y un 15% en los valores de lista de las propiedades con el fin de concretar transacciones efectivas. Los analistas del sector coinciden en que la tradicional “inversión en ladrillos” se mantiene firmemente como la alternativa más segura para salvaguardar el capital contra la devaluación monetaria, aunque advierten que la actual disparidad de costos vuelve mucho más conveniente adquirir inmuebles ya terminados antes que iniciar proyectos desde el pozo, debido a los encarecidos insumos de obra.
Finalmente, la comunidad de corredores y martilleros pampeanos se encuentra en estado de alerta máxima frente a la propuesta de desregulación profesional impulsada por el Ministerio a cargo de Federico Sturzenegger, la cual pretende eliminar la matriculación obligatoria y disolver las corporaciones colegiadas del sector. Desde la conducción del Colegio de Martilleros de La Pampa se está coordinando una agenda legislativa conjunta con el Consejo Federal (COFESI) para frenar una iniciativa que consideran de altísimo riesgo social. Los profesionales argumentan que, a diferencia de otras disciplinas, el sector ya permite que los particulares operen libremente con sus propios bienes, pero advierten que la figura del martillero matriculado representa una garantía insustituible de seguridad jurídica, imparcialidad y respaldo institucional que protege a la ciudadanía de estafas, vicios legales y fraudes en las transacciones más importantes de sus vidas.
