En un sorpresivo giro institucional, la Procuración General de La Pampa dejó sin efecto la polémica resolución que limitaba la atención al público en las Defensorías Civil y Penal de Victorica.
La medida, que había sido dictada este mediodía por el defensor general Martín Saravia bajo el argumento de una crisis operativa, restringía el servicio en la IV Circunscripción a solo tres días a la semana. Sin embargo, el procurador general, Dr. Mario Bongianino, aclaró que, si bien comparten el diagnóstico de precariedad expuesto por la Defensoría General, la facultad de disponer restricciones en el funcionamiento de los organismos judiciales corresponde exclusivamente al Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, según lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La controvertida disposición de Saravia buscaba mitigar el severo desabastecimiento de recursos humanos en la sede de Victorica, un punto estratégico que garantiza el acceso a la justicia en el oeste pampeano y asiste a localidades como Loventuel, Luan Toro y La Humada. De acuerdo con el documento original, las oficinas sufrieron un desmantelamiento crítico: de cinco empleados, uno fue trasladado con un juez, otra fue destinada a General Pico y una tercera se retiró. Ante la inminente jubilación de otro agente, el organismo corría el riesgo de quedar con una sola persona para sostener toda la demanda de la región, lo que motivó el drástico intento de racionar la atención y derivar las mediaciones.
Más allá de la coyuntura local, la resolución anulada puso sobre la mesa un profundo desequilibrio estructural dentro de la justicia provincial. Desde la Defensoría General denunciaron que, mientras el Ministerio Público Fiscal supera el centenar de empleados, las Defensorías Penales de toda La Pampa no alcanzan los veinte trabajadores, a pesar de absorber más del 90% de las causas penales frente a los abogados particulares. Asimismo, se cuestionó con dureza el “Sistema de Sustitutos”, señalando que las demoras en las designaciones definitivas fomentan una “justicia en comisión”; de hecho, Victorica es un caso paradigmático donde actualmente solo dos de sus funcionarios judiciales revisten carácter de titulares.
El freno inmediato a la restricción, dispuesto apenas dos horas después de su anuncio, reaviva el debate sobre la falta de autonomía del Ministerio Público de la Defensa para gestionar y reasignar su propio personal frente a situaciones de emergencia. Al quedar sin efecto la medida de excepción por vicios de competencia, el servicio de atención en la IV Circunscripción mantendrá sus horarios habituales. No obstante, las profundas fallas estructurales y la preocupante escasez de personal civil y penal expuestas en el documento permanecen vigentes y sin una respuesta inmediata por parte de las máximas autoridades judiciales.
