La tensión en las universidades públicas argentinas sumó un nuevo capítulo crítico luego de que CONADU Histórica se convirtiera en la única central sindical docente en rechazar el acuerdo salarial propuesto por el Gobierno nacional.
Mientras los demás gremios y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convalidaron la propuesta oficial, la federación consideró que el ofrecimiento va “en desmedro de la docencia”. Al negarse a firmar, la organización no solo preserva el derecho legal a continuar con los reclamos y resguarda la medida cautelar que obligaba al presidente Milei a aplicar la Ley de Financiamiento, sino que también ratificó un paro total de actividades desde el martes 16 al viernes 20 de mayo, el cual afectará el dictado de clases, exámenes y tareas de investigación.
El malestar docente radica en la enorme brecha entre las demandas del sector y la oferta de la gestión nacional. Mientras los trabajadores reclamaban una recomposición del 50% para paliar el atraso frente a la inflación, el Gobierno otorgó apenas un 24% para todo el año a pagarse en dos tramos, una cifra “sensiblemente inferior” que no cubre la pérdida del poder adquisitivo de 2024 ni el arrastre de diciembre de 2023. La firma del acta por parte del resto de la dirigencia sindical y del CIN —que además aceptó un presupuesto para hospitales universitarios de 50 mil millones de pesos frente a los 80 mil millones inicialmente presupuestados— encendió alarmas en las bases, generando un profundo sentimiento de “traición” y falta de representación entre los profesores de diversas casas de estudio del país.
La realidad económica que atraviesa el cuerpo académico agrava el panorama. Actualmente, el 70% de la docencia universitaria percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza, con salarios promedio que rondan los 308.000 pesos, empujando incluso a muchos profesionales a la indigencia. Esta asfixia financiera ya está provocando un preocupante éxodo de recursos humanos altamente capacitados que abandonan el sistema educativo, lo que amenaza directamente la calidad de la enseñanza pública a mediano plazo. En este contexto de ajuste, los estudiantes manifestaron su pleno respaldo a los reclamos docentes, ya que la comunidad estudiantil también padece el impacto de la crisis económica reflejada en los fuertes aumentos del transporte, los alquileres y los alimentos.
De cara al futuro inmediato, la incertidumbre reina en los pasillos universitarios. Si bien desde el sector gremial aseguran que la intención no es impedir la finalización del presente cuatrimestre, la prioridad absoluta sigue siendo la obtención de salarios dignos para subsistir. Ante la inflexible dinámica política y económica que exhibe el Gobierno nacional, los referentes de CONADU Histórica advirtieron que es “aventurado” predecir qué sucederá en la segunda mitad del año, aunque no descartan que las medidas de fuerza se agudicen y el conflicto se profundice tras el receso invernal si no se reabren los canales de negociación.
