En diálogo con “El Transformador” Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), advirtió sobre la crítica situación que enfrentaría el sector si se aprueba el proyecto de ley impulsado por la senadora Patricia Bullrich.
Tras participar de una reunión informativa en el Senado junto a actores clave como YPF y representantes de economías regionales, Martelli denunció que la iniciativa provocaría la quiebra de la totalidad de las pequeñas y medianas empresas de biodiésel del mercado interno. Según el directivo, la propuesta no representa una verdadera desregulación, sino una maniobra de concentración de mercado impulsada por el fuerte lobby de seis multinacionales del comercio de granos que buscan consolidar un oligopolio en el puerto de Rosario.
El impacto de esta medida golpearía duramente al federalismo industrial y al empleo en provincias como Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, donde estas plantas fueron creadas desde 2006 para generar inversiones y arraigo de profesionales jóvenes. La eventual desaparición de estas firmas destruiría más de 1.500 puestos de trabajo directos y por encima de 8.000 indirectos, afectando gravemente a transportistas, industrias de servicios y a unas 400 pequeñas extrusoras de soja que producen harina y aceite. Martelli enfatizó que esta concentración no traerá ningún beneficio para el país, ya que no aumentará la producción total de biodiésel ni significará una rebaja de precios para los consumidores en las estaciones de servicio.
Frente a este escenario, desde CEPREB defienden la vigencia de la actual Ley 27640, aunque proponen mejorarla elevando el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% actual a niveles del 12% o 15%, una alternativa que el proyecto de Bullrich no contempla. La propuesta de la cámara consiste en crear un segmento protegido para el biodiésel elaborado por las Pymes regionales, emulando el esquema de protección que ya posee el bioetanol de caña de azúcar en el norte del país. Esta alternativa permitiría a las pequeñas industrias seguir operando e industrializando biomasa en origen, lo que garantizaría la continuidad laboral y el desarrollo regional sin perjudicar a otros actores del mercado.
El debate se encuentra actualmente en comisiones conjuntas del Senado, donde el avance original que buscaba el oficialismo se ha frenado debido a la resistencia y visibilización del conflicto por parte de las Pymes. Legisladores de diversas provincias han comenzado a exigir cambios en el texto; en el caso de La Pampa, los senadores y diputados Daniel Bensusán, Marín y Ardoaín han mostrado un apoyo transversal en defensa del interés productivo local. Ahora, el Gobierno se encuentra ante la decisión de adoptar las sugerencias de CEPREB para lograr una normativa moderna que combine elementos de libre mercado con el resguardo de la industria nacional, o enfrentar el rechazo de un proyecto que las comisiones aún evalúan.
