El Gobierno nacional dio un paso clave en su estrategia de ajuste económico al conseguir en la Cámara de Diputados la media sanción para reformar el régimen de “Zona Fría”.
El voto de los diputados pampeanos Adrián Ravier y Martín Ardhoain, en contra del mantenimiento del subsidio a la zona fría para la provincia de La Pampa desató una oleada de críticas encendidas entre los habitantes de La Pampa que verán considerablemente abultadas sus próximas facturas de consumo de gas, si la iniciativa también es aprobada en el Senado, reforzando además la idea de “traidores” a los intereses de la ciudadanía provincial.
La iniciativa busca restringir el beneficio y limitar la ayuda estatal exclusivamente a los hogares vulnerables contemplados en el nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Según datos de la Secretaría de Energía, esta modificación estructural afectará a unos 3,2 millones de usuarios residenciales en todo el país, de los cuales 1,3 millones se concentran en la provincia de Buenos Aires, redefiniendo por completo el mapa del consumo energético invernal.
El argumento central del Poder Ejecutivo para impulsar la reforma es la necesidad de reducir el déficit fiscal y corregir las distorsiones generadas por la Ley 27.637. Desde el oficialismo sostienen que la ampliación territorial aprobada en 2021 extendió el beneficio a regiones sin condiciones climáticas extremas, lo que desnaturalizó el carácter focalizado del sistema e incrementó los costos que debe afrontar el Estado. Con el nuevo esquema, el subsidio adicional quedará reservado únicamente para los hogares cuyos ingresos familiares no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (según parámetros del INDEC), beneficiarios del ReNaBaP y veteranos de Malvinas, manteniendo el beneficio histórico por criterios geográficos solo en la Región Patagónica, Malargüe y la Puna.
La aprobación del proyecto desató un inmediato y febril debate entre los legisladores, exponiendo visiones contrapuestas sobre el rol del Estado y el impacto de la medida en el bolsillo de los ciudadanos. Desde el oficialismo, el diputado de La Libertad Avanza por La Pampa, Adrián Ravier, celebró la votación calificándola como una “jornada histórica” para el ordenamiento de la economía argentina. El legislador libertario justificó su voto a favor de la reforma argumentando que los cambios permitirán “focalizarse en los que más lo necesitan” y conseguir el necesario “ahorro fiscal”, a pesar de las estimaciones que indican que los usuarios de su provincia afrontarán subas de entre el 50% y el 70% en el gas este invierno.
En la vereda opuesta, la oposición peronista alzó la voz para advertir sobre las graves consecuencias sociales que acarreará la pérdida de estos descuentos automáticos en plena temporada invernal. El diputado nacional pampeano Ariel Rauschenberger criticó con dureza la propuesta gubernamental y aseguró que la única certeza que hoy tienen los hogares es que sus facturas van a sufrir aumentos de entre el 40% y el 60%, dependiendo del cargo fijo. Rauschenberger alertó que la iniciativa elimina el descuento directo del 50% sobre el total de la boleta que regía hasta el momento, dejando el alcance y la continuidad del beneficio a total discreción del Gobierno nacional.
A los cuestionamientos se sumó la diputada nacional Varinia Marín, también representante de La Pampa, quien tildó la medida de “insensibilidad enorme” por quitarle a las familias la posibilidad de calefaccionarse adecuadamente en el mes de mayo. Marín detalló que tan solo en su provincia habrá 136.000 familias afectadas por este recorte y recordó que la inclusión del territorio pampeano dentro del beneficio patagónico fue el fruto de años de intensas gestiones y consensos políticos liderados en su momento por el exgobernador Rubén Marín. “Eran otros tiempos, donde los representantes de nuestra provincia la ponían como prioridad”, disparó la legisladora en un claro pase de facturas hacia sus coprovincianos oficialistas.
Más allá de las pasiones políticas, el texto enviado al Congreso revela un trasfondo de profunda asfixia financiera en el sistema energético. Los fundamentos oficiales señalan que el recargo vigente del 7,5% aplicado a las facturas resulta insuficiente para financiar el régimen, lo que obligaba al Tesoro Nacional a realizar aportes extraordinarios, provocando una ruptura en la cadena de pagos a los productores de gas. Para revertir esta situación, el proyecto introduce cambios técnicos de relevancia: el subsidio ya no se calculará sobre el total de la tarifa, sino exclusivamente sobre el precio del gas, y otorgará al Poder Ejecutivo la facultad de aumentar o disminuir hasta en un 50% el recargo destinado al Fondo Fiduciario, el cual se mantendrá vigente hasta diciembre de 2031.
Tras el complejo y reñido triunfo político en la Cámara Baja, el escenario de disputa se traslada ahora al Senado de la Nación, donde se definirá el futuro definitivo de las tarifas de gas para millones de argentinos. Allí, los gobernadores y legisladores de las provincias afectadas buscarán torcer el brazo del oficialismo o negociar excepciones, sabiendo que el texto actual deja la continuidad del beneficio atada a estrictas condiciones socioeconómicas y no a la ubicación geográfica. La incertidumbre se mantendrá alta en las próximas semanas, mientras el frío arrecia y la sociedad aguarda para saber si el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados se convierte finalmente en ley.
