La diputada Liliana Robledo impulsa en la Legislatura provincial una iniciativa vital para garantizar el futuro hídrico de La Pampa: la creación de un marco legal robusto para la protección de los acuíferos y sus zonas de recarga.
Ante la crisis de los ríos y la creciente preocupación por la calidad del agua tras las modificaciones nacionales en la Ley de Glaciares, el proyecto busca otorgar un “blindaje jurídico” a los organismos gubernamentales. El objetivo es dotar al Estado de herramientas legales y recursos técnicos para prevenir obras o desarrollos que comprometan estas reservas, que hoy representan el único recurso hídrico estratégico y seguro para la provincia.
La problemática se torna urgente debido a la grave escasez de agua, especialmente en la zona norte, donde el alto contenido de arsénico obliga a numerosas localidades a depender de plantas potabilizadoras. Robledo advierte que el crecimiento urbano desmedido y la impermeabilización de los suelos mediante la “cementación” de las zonas de recarga representan una amenaza directa. “Aunque La Pampa tiene tierra de sobra para desarrollos inmobiliarios, el agua es un recurso escaso y vital”, subrayó la legisladora, enfatizando que la preservación debe ser la prioridad absoluta frente a la presión de los negocios inmobiliarios.
Si bien la provincia ya cuenta con un Código de Aguas y ordenanzas específicas, como la que protege el acuífero Uriburu-Anguil-Santa Rosa, este nuevo proyecto busca fortalecer el marco existente exigiendo estudios de impacto ambiental más rigurosos. La iniciativa se apoya en antecedentes de defensa territorial, como los casos de General Pico y el Valle Argentino, donde la intervención legal fue determinante para frenar proyectos que ponían en riesgo las cuencas. La intención es pasar de una política reactiva a una de previsibilidad, donde cualquier intervención en el terreno sea evaluada bajo la lupa de la sostenibilidad hídrica.
Para asegurar la solidez técnica de la ley, se ha convocado a un debate amplio que incluye a especialistas de la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y diversos organismos técnicos. Este consenso científico será fundamental para evaluar casos críticos, como el polémico loteo propuesto sobre el acuífero local en Santa Rosa. La diputada confirmó su participación en las audiencias públicas pertinentes, asegurando que si los proyectos no cumplen con las normativas de protección, las autoridades deberán actuar con firmeza para impedir la degradación de un recurso que es, literalmente, el seguro de vida de los pampeanos.
