La Dirección Provincial de Rentas se encuentra en el centro de la polémica tras la implementación del Control Automático de Bases Imponibles (CABI).
Este nuevo sistema de fiscalización, diseñado para cruzar de manera automática los datos de los contribuyentes, ha desencadenado una ola de reclamos generalizados. Lo que se proyectó como una herramienta de modernización y eficiencia fiscal ha terminado por convertirse en un serio obstáculo administrativo que afecta a una gran variedad de sectores productivos y profesionales de la provincia.
La problemática, que comenzó a visibilizarse con fuerza el pasado mes de diciembre, motivó la presentación de un formal pedido de informes ante el organismo recaudador. Vecinos, empresas, monotributistas y diversas entidades manifestaron su profunda preocupación ante las fallas del sistema. En particular, se cuestiona con dureza la absoluta falta de claridad y transparencia en los criterios algorítmicos que utiliza el CABI para cruzar la información, lo que genera recurrentes e infundadas inconsistencias operativas.
El impacto económico de estas fallas tecnológicas es alarmante, ya que el sistema está bloqueando de manera masiva la obtención del certificado de cumplimiento fiscal. Sin este documento clave, decenas de productores agropecuarios se ven imposibilitados de emitir guías, mientras que numerosas empresas quedan fuera de licitaciones públicas o impedidas de cobrar contratos vigentes con el Estado provincial. Para colmo de males, el CABI ha revocado certificados que aún se encontraban plenamente vigentes y exige información retroactiva hasta el año 2020, sumando además el conflictivo término “sircreb” a un escenario que ya era sumamente complejo.
Ante este panorama de parálisis y descontento, prestigiosas instituciones como el Colegio de Ciencias Económicas y los equipos técnicos de la Fundación Pensar intervinieron activamente para evaluar la ponderación de datos que realiza la plataforma. El pedido de informes impulsado busca, fundamentalmente, obligar al Ministerio a explicitar y transparentar las reglas de juego del sistema CABI, con el objetivo urgente de frenar los perjuicios económicos y devolver la previsibilidad jurídica a toda la comunidad fiscalizada.
