La comunidad de la zona rural entre General Pico y Metileo se encuentra conmocionada tras la decisión del municipio de Metileo de retirar el servicio de transporte escolar a tres hermanos que viven en un asentamiento precario.
Noemí Silva, madre de los niños de 6, 11 y 12 años, denunció esta mañana en LU33 Emisora Pampeana que, a pesar de haber utilizado el servicio durante tres años, las autoridades locales le notificaron repentinamente la baja del beneficio. La situación deja a los menores en una posición de extrema fragilidad, ya que la familia no cuenta con medios propios para recorrer los 13 kilómetros que separan su hogar del establecimiento educativo.
Noemí Silva, madre de los tres niños.
La justificación brindada por el intendente Carlos Marchisio ha generado controversia. Según el relato de Silva, el mandatario local atribuyó la medida a una supuesta falta de cupos y a una directiva del Ministerio de Educación, argumentando que las familias del asentamiento ya no tendrían acceso al transporte municipal. Sin embargo, la madre asegura que el vehículo continúa trasladando a los docentes hacia General Pico y que incluso quedan asientos vacíos en el trayecto, lo que refuerza su sensación de discriminación hacia su grupo familiar.
La realidad cotidiana de los Silva es de una precariedad absoluta: residen en el kilómetro 8 y medio de la vía, en una vivienda sin agua potable, sin red eléctrica y sin gas natural. Pese a estas carencias, la escolaridad siempre fue la prioridad; los niños poseen una asistencia casi perfecta. Ante la quita del transporte, la familia se ha visto obligada a realizar “dedo” en la ruta a tempranas horas de la mañana o a recurrir a la solidaridad de docentes, como el profesor Leonel, quien llegó a ofrecer el pago de un remis de su propio bolsillo para que sus alumnos no perdieran clases.
Carlos Marchisio, intendente de Metileo.
Actualmente, el conflicto se encuentra en un limbo administrativo, ya que la familia queda atrapada en una disputa jurisdiccional donde General Pico y Metileo se deslindan de la responsabilidad sobre el asentamiento. “Solo pido que me dejen terminar el año, no quiero que mis hijos pierdan la escuela”, expresó Noemí con angustia. Mientras las autoridades no brinden una respuesta concreta, el derecho a la educación de estos tres niños pampeanos pende de un hilo, supeditado a la voluntad de quienes transitan la ruta y la buena fe de la comunidad educativa.
