Organizaciones de la sociedad civil, nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Futuro en Común y la Intersindical, expresaron su profunda preocupación ante lo que consideran una aprobación acelerada de grandes loteos privados por parte del Concejo Deliberante de Santa Rosa.
Según explicó en el móvil de “Una buena mañana” Iñaki Esponda referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), el foco de la controversia se centra en un proyecto de 180 parcelas cuyo tratamiento está previsto para una sesión especial este viernes, una maniobra que las entidades califican como apresurada y carente de debate. Asimismo, alertaron sobre otra iniciativa de 171 lotes proyectada sobre un acuífero local, y acusaron al cuerpo legislativo de utilizar las complicaciones de este segundo caso para desviar la atención pública y acelerar la aprobación del primero.
Ante este escenario, las agrupaciones presentaron una nota formal exigiendo que el proyecto de los 180 lotes regrese a la comisión parlamentaria para permitir una discusión profunda que incluya la intervención comunitaria. Entre sus principales reclamos técnicos se destaca la estricta aplicación de las ordenanzas vigentes, las cuales estipulan que el 15% de las tierras resultantes de cualquier loteo deben ser transferidas al patrimonio municipal. Las organizaciones proponen modificar el Código Urbanístico Ambiental para elevar estos porcentajes, con el objetivo de robustecer el Banco de Tierras Municipal y dotar al Ejecutivo de herramientas concretas para atender el déficit habitacional de miles de familias.
Como alternativa de fondo a la actual dinámica del mercado, las entidades impulsaron un proyecto de ordenanza para la creación de una Inmobiliaria Municipal de Alquiler, propuesta que ya ingresó formalmente al Concejo Deliberante y será analizada por una comisión especial. Desde la sociedad civil sostienen que esta medida es indispensable para obligar al municipio a pensar el desarrollo urbano más allá de los negocios privados, asumiendo un rol regulador activo en el mercado de alquileres. Argumentan que esta intervención estatal es urgente debido a que ni la actividad inmobiliaria privada ni los planes del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) han logrado resolver la problemática habitacional contemporánea.
Finalmente, los representantes vecinales manifestaron que los canales de comunicación con las autoridades locales han sido limitados, reduciéndose a la entrega de documentos o a breves exposiciones en la “banca del vecino”. Aunque confirmaron un primer contacto con la presidencia de la comisión de reglamentación para evaluar el proyecto de la inmobiliaria pública, advirtieron que se mantendrán en estado de alerta. Las organizaciones adelantaron que evaluarán movilizarse este viernes en caso de que el Concejo intente avanzar con la votación del loteo de 180 parcelas, ratificando su postura de que la planificación de la ciudad no debe responder exclusivamente a la lógica del sector privado.
