El diputado provincial de Comunidad Organizada, Maximiliano Aliaga, presentó un proyecto de resolución ante la Legislatura mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo la convocatoria a una nueva audiencia pública para evaluar la situación del área petrolera El Medanito.
La iniciativa formaliza el pedido de suspensión de todo acto administrativo relacionado con la aprobación del informe ambiental final hasta tanto no se garantice un proceso de debate real y participativo. El reclamo del legislador se encuentra fundamentado legalmente en las normativas vigentes, amparándose en los alcances de la Ley Provincial 3195 y en las disposiciones establecidas por la Ley Nacional de Ambiente 25675.
La presentación judicial y legislativa incluye severas críticas al desarrollo de la audiencia pública previa, la cual fue catalogada por el autor del proyecto como una “puesta en escena” deficiente y carente de validez metodológica. Entre las principales irregularidades señaladas, se destaca que la convocatoria no estuvo organizada por la autoridad ambiental competente, lo que derivó en fallas que impidieron una participación ciudadana efectiva.
Como ejemplos de estas deficiencias, el diputado citó el caso del ingeniero Altolaguirre, cuya exposición no pudo ser escuchada debido a problemas técnicos, y el de numerosos interesados que permanecieron hasta seis horas esperando su turno sin lograr ser atendidos en un debate que, de convalidarse, definirá la operación de la zona por los próximos 25 años.
La mayor preocupación que fundamenta el pedido de suspensión radica en el déficit financiero proyectado para la remediación ambiental del yacimiento, donde actualmente se contabiliza un total de 138 pozos petroleros sin cerrar. Según el diagnóstico técnico presentado en el proyecto, el costo estimado para proceder al cierre seguro y definitivo de dichas perforaciones asciende a los 22 millones de dólares. Sin embargo, la propuesta económica actual contempla únicamente un aporte de 11 millones de dólares por parte de la firma PCR, sumado a 2.2 millones de dólares asignados por Panpetrol, consolidando un fondo total de 13.2 millones de dólares.
Esta diferencia en las previsiones presupuestarias implicaría una pérdida cercana a la mitad de los fondos técnicamente necesarios para el saneamiento integral de la zona afectada. De acuerdo con lo expuesto en la iniciativa parlamentaria, la aprobación del informe ambiental bajo estas condiciones convalidaría de forma prematura un daño ecológico definitivo, al dejar decenas de pozos sin la remediación correspondiente. Con este proyecto, el legislador busca frenar un proceso administrativo considerado viciado y forzar la intervención directa de la Autoridad de Medio Ambiente junto a las empresas operadoras para garantizar la sustentabilidad técnica y económica del área.
