En una sesión marcada por la urgencia de los plazos contractuales, la Cámara de Diputados de La Pampa aprobó este jueves, con una amplia mayoría de 26 votos, el traspaso transitorio del área petrolera El Medanito a la empresa estatal Pampetrol.
El acuerdo, sellado entre el oficialismo y gran parte de la oposición (UCR y sectores del PRO-MID), establece un periodo de gestión de ocho meses. Esta medida busca evitar el vacío operativo y la parálisis de la producción ante el inminente vencimiento de la concesión actual, en manos de la firma PCR, previsto para el próximo 18 de junio.
El debate reflejó una tensa negociación en la que la oposición logró imponer condiciones clave. El diputado Hipólito Altolaguirre (UCR), a pesar de sus críticas históricas a la política petrolera oficial, justificó su acompañamiento para evitar el “costo enorme” que significaría para la provincia la detención de los pozos y la custodia policial de instalaciones inactivas. Entre los puntos consensuados se destaca la reducción del plazo de transición —que el Gobierno pretendía extender a 24 meses— y la garantía de que un representante de la oposición presida la comisión encargada de elaborar el nuevo pliego de licitación.
No obstante, el consenso no fue unánime. Los bloques de Comunidad Organizada y una facción del PRO rechazaron la iniciativa con duras acusaciones. La diputada Sandra Fonseca calificó a Pampetrol como una empresa “de la corrupción” y denunció la existencia de acuerdos ocultos con PCR, señalando además un grave “desastre ambiental” en el yacimiento que no estaría siendo remediado. Por su parte, Maximiliano Aliaga sostuvo que esta transición representa una “salida elegante” para el concesionario saliente, eximiéndolo de responsabilidades financieras por los daños en el área.
Con la aprobación de la transición, el foco legislativo se traslada ahora de forma inmediata al nuevo pliego de licitación. Tras un cuarto intermedio, el oficialismo presentó un nuevo proyecto para convocar a una licitación a corto plazo, el cual comenzó a ser tratado en una sesión extraordinaria maratónica. El objetivo del Ejecutivo provincial es garantizar la continuidad productiva del yacimiento más importante de La Pampa, asegurando los puestos de trabajo y los ingresos fiscales mientras se define quién será el operador definitivo del área en los próximos años.
