El diputado Martín Ardohain y acompañado por legisladores como Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro y Martín Yeza, presentó un proyecto de ley para reformar el Código Penal de la Nación con el objetivo de frenar la ola de delitos que afecta al sector agropecuario.
La iniciativa busca actualizar la legislación frente a modalidades delictivas modernas que los autores consideran “minimizadas” por la justicia actual. Bajo la consigna de resguardar el corazón productivo del país, los fundamentos del texto alertan sobre el estado de indefensión de los productores y la necesidad de dotar a los magistrados de herramientas operativas eficaces para castigar con severidad el vandalismo rural y las intrusiones ilegales.
La reforma introduce el artículo 150 bis para penalizar específicamente la invasión de establecimientos rurales con penas de un mes a un año de prisión. Esta figura jurídica busca resolver la fragilidad del sector frente al merodeo nocturno y la caza clandestina, conductas que suelen funcionar como inteligencia delictiva previa o que causan graves perjuicios materiales y estrés en el ganado. La norma establece que la simple presencia de tranqueras, alambrados, vallas o carteles será prueba suficiente de la prohibición de ingreso, eximiendo de sanción únicamente a aquellos casos que respondan a emergencias, razones de auxilio o límites difusos con la vía pública. Los legisladores argumentan que los campos no son meros activos comerciales, sino el espacio donde las familias rurales desenvuelven su intimidad.
El segundo eje de la propuesta, plasmado en el artículo 184 bis, establece severos castigos de dos a ocho años de cárcel y multas multimillonarias para quienes destruyan infraestructura clave o materias primas. La medida busca desterrar la carátula de “daño simple” para actos de vandalismo como la rotura de silobolsas o la quema de cultivos, reconociendo que estas acciones atentan contra la cadena productiva nacional. El texto amplía la protección a cereales, oleaginosas, ganado, bosques y forrajes, incluyendo su etapa de transporte. Además, asume la realidad tecnológica del campo actual al equiparar la destrucción de paneles solares, bombas de agua sumergibles y sistemas de riego con un ataque estratégico al ciclo productivo, duplicando la pena mínima si el autor es un funcionario público o un actor de la actividad agropecuaria.
Finalmente, el proyecto modifica el artículo 209 para elevar las penas en un tercio cuando la instigación pública a cometer delitos se realice a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales, alcanzando un máximo de seis años de prisión. Los fundamentos señalan que el entorno virtual no solo multiplica el alcance de los mensajes de forma geométrica y permanente, sino que facilita la logística delictiva en tiempo real mediante el uso de coordenadas satelitales y datos de GPS para coordinar ataques simultáneos. Con esta reforma integral, los legisladores aseguran que no buscan crear privilegios sectoriales, sino restablecer el imperio de la ley, brindar certeza jurídica y proteger de forma moderna el trabajo en el ámbito rural argentino.
