La fiscala Andrea Leticia Pordomingo fue recusada por un joven santarroseño, quien le imputa haber iniciado una causa a pedido de un familiar, dueño de un comercio donde supuestamente se habría cometido un robo. En un escrito presentado ayer, Daniel Fernández denunció que la justicia “recibió una denuncia en mi contra por robo, contra el local comercial Siete 10, cuyo propietario es primo hermano de la fiscal, quien debió haberse excusado de actuar”.

Según el texto en lugar de excusarse, Pordomingo “actuó con una premura digna de mejores causas” y ordenó el allanamiento de la vivienda y su detención inmediata, sin más argumentos que el señalamiento del empresario, presunto familiar de la fiscala. “No hay ningún parentesco entre el denunciante y yo. En este caso consideramos que había fundamentos suficientes para realizar un allanamiento y el juez lo autorizó. Pero como no tenemos testigos, indicios ni rastros sobre el autor, la causa fue archivada la semana pasada”, respondió Pordomingo.

El episodio plantea más dudas que certezas y también resulta muy curioso el rápido pase a archivo de la causa, menos de un mes después del supuesto robo, ocurrido durante la madrugada el 30 de mayo.

Daniel “Chelo” Fernández (25 años) era empleado del local gastronómico de Rubén González, quien lo despidió verbalmente y sin causa, el sábado 21 de mayo. En su carta al Ministerio Público Fiscal, el joven contó que “el 30 de mayo recibí el telegrama de despido firmado por González, primo hermano de la fiscal. Al día siguiente, tras regresar de la Secretaría de Trabajo, encuentro a mi casa en pleno allanamiento y mi señora casi desnuda. Rompieron el colchón y el cielorraso de la pequeña casita que alquilamos en el Plan 3000 (pieza, cocina y baño en la calle Maradona)”.

El empresario denunció la desaparición de 390 mil pesos que guardaba dentro de su restaurante y exhibió ante la policía imágenes tomadas por una cámara de seguridad, donde se observa a una persona que ingresa al edificio, se dirige al sitio donde estaba el dinero y se lo lleva. Según fuentes policiales, la mala calidad de esas imágenes no permite identificar al ladrón, “pero el empresario manifestó que sospechaba de su ex empleado”.

Si bien el joven carecía de antecedentes, la policía elevó esa sospecha a la fiscalía, que solicitó el allanamiento. “Como era obvio no encontraron nada, pero se llevaron un par de guantes, los celulares mío y de mi señora, y 12.000 pesos que teníamos ahorrados para el alquiler. Recién ahora recibo cédula Nº 380002 firmada por la fiscal, citándome para el 27 de junio, a la 9 horas, para restituirme los elementos”, agrega el pedido de recusación.

“Entiendo que la fiscal actuó en forma apresurada, porque no registro antecedente alguno y nunca pisé una comisaría, pero no quiero pensar que lo hizo por ser su primo hermano el presunto robado”. advirtió Fernández y agregó que “no sería la primera vez que este empresario registra problemas de este tipo”.

Luego de aclarar que “no resulta nada grato salir y volver a mi hogar esposado”, el muchacho manifiesta su “absoluta tranquilidad de conciencia” y se coloca a “disposición de cualquier autoridad competente a los efectos de hacer justicia”.

“La causa ya fue archivada y así se lo comunicamos al denunciante y al joven que fue sospechado”, explicó Pordomingo a este diario. Sin embargo, este incidente suma mayores dudas al episodio, porque se trata de un robo importante (400 mil pesos) y apenas pasaron tres semanas desde el suceso. “Si aparecieran nuevos indicios, podría desarchivarse”, aclaró la magistrada.

Mientras tanto, “Chelo” continúa esperando que le abonen su indemnización por despido sin justa causa. Ayer acudió a la Ciudad Judicial, donde la fiscala le entregó los elementos secuestrados durante el allanamiento. “Frente a esta situación, tuve que contratar a un abogado para procurar mi desvinculación penal. Y también enviamos un telegrama a la empresa, con el cálculo indemnizatorio correspondiente, pero se niega a pagarme” dijo, y aclaró que “si bien dirigimos esa correspondencia a Rubén González, quien respondió negándose a reconocer la liquidación fue su hijo, Fernando”.

Durante el proceso, Daniel tampoco pudo acceder a las imágenes donde quedó grabado el supuesto robo. “Estamos convencidos de que no existió ningún robo y que fue una maniobra armada, porque no es la primera vez que lo hacen” declaró. Según el joven, “hubo varios casos anteriores con ex empleados que se quedaron sin indemnización, y como no acudieron ante la justicia esta conducta quedó impune. Pero nosotros estamos decididos a luchar hasta las últimas consecuencias”, concluyó.

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