Telecomunicaciones como servicio público. Donde estamos y que nos espera.

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En el año 2020, pleno apogeo de la pandemia de COVID-19, el mundo se guardaba y Argentina no era una excepción. En la incertidumbre de una enfermedad que aparentaba devastadora la única recomendación que parecía efectiva era el aislamiento social. Términos como “teletrabajo”, “videoconferencias”, “educación a distancia” se hicieron más comunes y el uso de las telecomunicaciones, pese a que no era una solución para todos, paso a ser casi tan vital como cualquier otro servicio público. La demanda se incrementó al punto tal que hasta se corrió como rumor que las redes “no iban a aguantar” produciendo una saturación y recomendando la moderación en su uso.

Aunque el aislamiento demostró cierta efectividad para contener la pandemia y fatigar el sistema sanitario lo menos posible trajo además un impacto económico negativo para aquellos donde la virtualidad no era una opción viable quienes veían acumular sus deudas con desesperación.

En ese escenario donde había argentinos que necesitaban el servicio y donde muchos no los podían pagar hubo empresas de telecomunicaciones que aprovecharon ese crecimiento en la demanda para subir sus precios por encima incluso de los índices de inflación. Ello agravado aún más por ser un sector que no se caracteriza por las mejores prácticas y tratos comerciales hacia el usuario (contrastable con los “ranking” que elaboran las diferentes oficinas de defensa del consumidor de todo el país) llevo a que la respuesta no se haga esperar de parte del gobierno. Así nació el decreto 690/20 declarando a los servicios de telecomunicaciones como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” y estableciendo, entre otras cosas, la suspensión de cualquier aumento posterior al 31 de julio y la regulación de los mismos por la autoridad de aplicación.

Al respecto, cabe mencionar que la decisión fue emitida por DNU por la necesidad de tomar la medida con velocidad y por qué, además, el Congreso de la Nación en el marco de las decisiones de aislamiento todavía estaba definiendo como volver a las sesiones.

Pero lo critico del decreto no fue la prohibición de declarar un servicio público esencial sino la prohibición de establecer aumentos sin autorización previa haciendo que la medida fuera efectiva al inicio hasta que comenzaron a llover los amparos. En el sector, los que salieron perdiendo fueron aquellos que decidieron no ir a la justicia entendiendo la situación social existente mientras que, justamente aquellos a quien apuntaba este decreto, utilizaron al Poder Judicial para seguir haciendo de las suyas. Pos pandemia la situación no cambio y la inflación comenzó a ser un problema con una actualización que no necesariamente la acompañaba.

Los controles de precios, y las actualizaciones aprobadas por la autoridad regulatoria, visto en retrospectiva, no funcionaron porque castigaron más a los aquellos que apoyaban esta medida que a los que acudieron al poder judicial para poder continuar incrementando los precios a piaccere.

Con un nuevo presidente electo, nada es casualidad, llega finalmente la decisión judicial de declarar nulo el decreto. Como dirían los abogados: “había dos bibliotecas” y la jueza, sin dejar de reconocer que lo hizo magistralmente, eligió justamente la biblioteca que defendía a las grandes corporaciones sosteniendo la nulidad en que debería haber sido una ley del Congreso y no un DNU.

¿Es el fín? En primer lugar hay que advertir que el sistema judicial toma decisiones sobre el caso particular. Declara la nulidad de un decreto solo para ese caso particular aunque es probable que sirva como antecedente para el resto de los amparos existentes y terminen corriendo la misma suerte.

¿Tiene sentido que se declaré a las telecomunicaciones como un servicio público? Al menos por dos razones definitivamente creo que sí. En primer lugar, como una herramienta más para defender a los usuarios. Como mencioné, las prácticas comerciales del sector para con el usuario no necesariamente se caracterizan por ser las mejores. En segundo lugar, para valorizar un sector que no siempre ha sido mejor considerada por las autoridades públicas: Entre otras cosas, si las telecomunicaciones son esenciales y su acceso un derecho humano resulta critico que se revean las dificultades que tiene el sector para importar insumos y no que vaya a la cola como si fueran un bien o un servicio suntuario. Especialmente cuando, justamente, esa tecnología es necesaria para brindar en los rincones más alejados de nuestra argentina federal.

Por una discusión sobre tarifas, el sector predominante de las telecomunicaciones ha puesto en el ojo de la tormenta la declaración de servicio público esencial sin saber que ha perdido la oportunidad de discutir y poner en agenda algo más profundo que también lo hubiere beneficiado: Como mejoramos la conectividad en términos de calidad y cobertura en Argentina, como le damos importancia al sector y como el Estado puede intervenir para mejor estableciendo reglas claras para todos.

La situación política actual nos hace creer que el decreto será finalmente derogado y todo el terreno ganado sea perdido. Pero aún tenemos la obligación de que este debate perdure. Hay proyectos de varios legisladores (entre ellos la del senador pampeano Daniel Bensusán) que tramitan la propuesta de declarar a las telecomunicaciones como servicio público estratégico y en competencia.

Si usted aún teme que esto sea un retroceso permita advertir que la declaración de servicio público para las telecomunicaciones, y otros conceptos relativamente similares, como “servicio de interés general”, no es ninguna novedad en varios países del mundo e incluso en algunos están presentes en sus constituciones. Tampoco son ajenos los mismos grandes actores que llevan sus negocios en Argentina solo que en esos lugares no tantos reparos como los hubo aquí.

Cuando hay un Estado eficiente, ágil y presente los principales beneficiados son sus ciudadanos.  Ese debería ser el camino.

 

Andrés Zulueta

Presidente EM.PA.TEL.

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